El pasado 13 de marzo entraba en vigor la Ley de Secretos Empresariales que habilitaba al Gobierno en su Disposición Final 3 a aprobar el nuevo texto refundido de la Ley Concursal en un plazo de 8 meses.  Este mes de octubre, el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por mayoría de sus miembros el informe al proyecto de Real Decreto Legislativo por el que queda aprobado el texto refundido de la Ley Concursal.  El objetivo del mismo es estructurar un texto que ha sufrido numerosas reformas, así como redactar normativas fáciles de comprende, aplicar y eliminar contradicciones, normas duplicadas y otras que se hacen innecesarias.

Así pues, es texto remitido hace una valoración positiva del mismo al considerarse “un cuerpo normativo bien ordenado y estructurado sistemáticamente, claro en su contenido y preciso en la formulación de los enunciados y proposiciones normativas, con lo que se ha logrado la finalidad de dotar al texto de simplicidad, claridad, cognoscibilidad y comprensión de certidumbre y, en fin, de mayor seguridad jurídica”. Y es que, según el CGPJ la labor de sistematización y ordenación era más que necesaria en la regulación del Derecho Preconsursal.

Sin embargo, el informe ofrece también en ciertos aspectos, según el Consejo General del Poder Judicial,  dudas sobre su posible encaje dentro del marco de la autorización y de los límites de la refundición. Se aprecia así pues que el prelegislador no ha agotado las facultades de regularización, aclaración y armonización propias de la amplia delegación de la que ha sido objeto para realizar esta labor.

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