A penas un mes queda para que el próximo octubre se implante, de forma definitiva, en España la Administración Electrónica que responde a la aplicación del articulado de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

El objetivo de esta implantación responde a la modernización, la universalidad, la seguridad jurídica y la comodidad. Se trata, sobre todo, de acercar la Administración a los ciudadanos, es decir, que exista un contacto digital, aunque el ciudadano no disponga de medios electrónicos.

Entre las novedades destaca la posibilidad de que el procedimiento de la asistencia se realice a través de la firma digital del funcionario, un avance que reducirá los costes en los procedimientos administrativos electrónicos. Otra de las ventajas que tiene es que la distancia geográfica dejará de ser un obstáculo.

Por su parte, se refuerzan, además, los principios esenciales de la contratación pública como la trasparencia, la publicidad y la concurrencia. Como complemento, la nueva ley incorpora las limitaciones en cuanto a la fase de ejecución y que ha dado lugar a problemas de interpretación jurídica y problemas de corrupción en España.

Destaca la aparición de la herramienta Smart Training que combina la nueva tecnología con sesiones webinars y concebida para la suscripción de ayuntamientos. Ésta se divide en seis bloques que incluyen la nueva regulación de la Contratación Pública, la entrada en vigor de la administración y los nuevos contextos del urbanismo y la ordenación del territorio.

 

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